miércoles, 8 de febrero de 2017

División Provincial de Javier de Burgos

La actual división territorial permanece prácticamente intacta desde que, en 1833, fuera trazada para facilitar al Gobierno central dirigir sus órdenes sobre las regiones (tomado de ..)

«El mapa general de la Península nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de los partidos, intendencias extensísimas y otras muy pequeñas, obispados de cuatro leguas y obispados de 70, tribunales cuya jurisdicción apenas se extienden más allá de los muros de una ciudad y otros que abrazan dos o tres reinos; en fin, todo aquello que debe traer consigo el desorden y la confusión». Así describía el famoso poeta y pensador valenciano León de Arroyal la división territorial de España a finales del siglo XVIII.
No era para menos. Con todo este «caos», al Gobierno central le resultaba muy complicado hacer llegar sus órdenes y providencias a la gran cantidad de pueblos y regiones históricas que tennía la Monarquía. Había jurisdicciones inferiores, intendencias, partidos, corregimientos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, realengos, órdenes, abadengos o señoríos que convertían a España, a diferencia de otros países de Europa, en un lugar «abigarrado, complejo, confuso y caótico», según calificaba Aurelio Guaita, catedrático de Derecho Administrativo, en «La división provincial y sus modificaciones».
Será a finales de octubre de 1833, poco después de morir Fernando VII, cuando la regente Maria Cristina inicie un ambicioso plan de reformas políticas y administrativas, la más importante de las cuales se le encargaría al ministro de Fomento Javier de Burgos: una división racionalizada del territorio español. El objetivo no era otro que uniformar y centralizar el Estado, a fin de facilitar, de manera más rápida y eficaz, la labor de Gobierno central sobre el conjunto de España.

Un siglo y medio de vigencia

Apenas un mes después de ser elegido De Burgos para tamaña empresa, el 30 de noviembre de 1833, se aprobaba el decreto por el que quedó dividido el país en 49 provincias. Una obra de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que estas han permanecido intactas al cabo de un siglo y medio, con la aparición tan solo de una más en la antigua provincia canaria. Y todas ellas tomarían el nombre de sus capitales, excepto las provincias de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que aun conservan sus denominaciones.
La «nueva» España dibujada por Burgos tenía, además de las 49 provincias, 14 regiones y, a partir de abril de 1834, 463 núcleos de población con juzgado de primera instancia. Estos últimos eran los «partidos judiciales», cuyas características permitieron establecer fácilmente las «cabezas» de los mismos, que, hoy en día, se han reducido bastante en número.
Toda esta organización era «un medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos», podía leerse en el Real Decreto publicado en la prensa de la época, con un Burgos que definía a las provincias como «el Centro de donde partiese el impulso para regularizar el movimiento de una máquina administrativa».
Sin embargo, la nueva estructura de De Burgos no siguió, a diferencia del modelo francés, que era más racionalizado, un criterio meramente geográfico, sino también un carácter histórico, respetando las divisiones de los antiguos Reinos, y teniendo en cuenta al mismo la distancia y el número de habitantes de cada núcleo de población.

La oposición

No fue fácil llegar hasta aquí. Costó tiempo y paciencia dividir el territorio español tal y como lo conocemos hoy en día. En 1785 se le había encargado al conde de Floridablanca una espacie de ordenación y catalogación de las provincias existentes, enumerando los núcleos de población que pertenecían a cada una de ellas e indicando su situación jurídica.
En 1810, José Bonaparte, siguiendo el modelo francés, lo dividió en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Pero estas tampoco funcionaron, ya que los afrancesados nunca llegaron a tener el control de todos los reinos. Y luego fracasaron también las Cortes de Cádiz de 1812, que tampoco supieron aplicar la racionalidad geométrica a la Península Ibérica.
Tras Javier de Burgos, la reforma fue continuada por los moderados a lo largo de todo el reinado de Isabel II, pero sufriendo los constantes ataques de la oposición. Estos comprendía, sobre todo, a los progresistas, y eran especialmente críticos en la cuestión del reparto de los municipios. Y más tarde serían los republicanos federales, quienes se opondrían al proyecto por su «excesivo centralismo».
Pero el tren puesto en marcha en 1833 ya no se detendría en el siguiente siglo y medio, y, salvo pequeñas cambios puntuales, España quedará fijada bajo el trazo dibujado por Javier de Burgos.

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