El 7 de marzo de 1505 se aprobaban en Castilla las leyes de Toro, un
conjunto de 83 normas promulgadas en la ciudad de Toro bajo el reinado
de Juana I, también conocida como Juana la loca. Sin embargo, esta
iniciativa surgió a raiz del testamento de su madre, Isabel la Católica,
empeñada en dotar a la Corona de Castilla de un sistema de justicia
moderno y que armonizara el orden legislativo en todo el territorio.
Aunque cinco siglos después, estas leyes han quedado casi en el
olvido, hay algunas que todavía están vigentes, como la que se refiere a
la usurpación de títulos nobiliarios. En alguna ocasión, hasta el
Tribunal Supremo ha llegado a reconocer su validez en sentencias
referidas a la sucesión de nobles españoles. Además, aunque a lo largo
de la historia se han ido actualizando e incluyendo en numerosas
recopilaciones legislativas, estuvieron vigentes y sirvieron de base
hasta la redacción del Código Civil, que se aprobó en 1889.
Las leyes de Toro eran sólo 83, pero supusieron toda una revolución
para su época, ya que sentaban la base del ordenamiento jurídico que más
tarde se aplicaría en toda España, al unificar los diferentes fueros
municipales que existían hasta el momento. Trataba distintos aspectos
del derecho moderno, colocando los pilares para resolver disputas
sucesorias o herencias. También abordaba la legislación matrimonial, sin
olvidar el derecho penal y procesal, aunque su aplicación fue
principalmente en el ámbito civil.
Uno de sus objetivos fundamentales fue regular y garantizar los
privilegios de la nobleza y de la Iglesia. De hecho, según los
historiadores, una de sus máximas aportaciones fue la creación de la
figura del mayorazgo, que regula la vinculación de los bienes de una
familia para que éstos no se puedan dividir, sino heredar por una sola
persona, para que así las familias nobles no perdieran poder por las
disputas de sus herederos. Tomado de......Expansión
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